Linde avisa: el envejecimiento lastrará el PIB, el empleo, la I+D y las pensiones

31 mayo, 2017
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Expansión

 

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, alertó ayer de una “cierta moderación del crecimiento” este año, debido al riesgo de una subida de impuestos, el alza de los precios del petróleo y la previsible subida de tipos de interés en el horizonte. Pero, más allá de este ejercicio, hay “una serie de factores que limitan el avance del PIB” a la mitad del ritmo actual, y que tienen entre sus puntos centrales “el envejecimiento de la población”, según advirtió Linde en el discurso de presentación del Informe Anual del supervisor bancario.

En concreto, la demografía supone una amenaza para el crecimiento de la economía, pero también para el aumento de la productividad, la innovación, el mercado laboral, el gasto público y el sistema de pensiones. Es decir, todo un mazazo a la línea de flotación de la economía española sobre cuestiones muy imbricadas entre sí. Y esto exige reformas drásticas en cuanto al mercado laboral y a la Seguridad Social.

En primer lugar, el Informe Anual apunta que “se estima que el crecimiento potencial se situará alrededor del 1,5% en la próxima década”, frente al avance del PIB del 3,2% que se produjo durante los dos últimos años, el 2,8% que el Banco de España espera para este ejercicio y el 3% que se registraba antes de la crisis. “Una ralentización debida fundamentalmente al menor ritmo de avance esperado de la población”, añade el texto.

Este frenazo tendría que ver con que el envejecimiento demográfico “merma la disponibilidad de capital humano”, según Linde. El texto, por su parte, explica que, aunque la población se ha estabilizado, hay un “comportamiento heterogéneo por grupos de edad”, ya que el “aumento de la población mayor de 65 años contrasta con un descenso generalizado de los demás grupos de edad”. Esto ha provocado que la tasa de actividad haya caído dos puntos porcentuales entre 2007 y 2016 y vaya a perder otros dos enteros hasta 2020, lo que supone que la tendencia se acelera.

Sin embargo, además del impacto directo sobre el mercado laboral, hay varias derivadas, como son los efectos sobre la innovación o la inversión. Por ello, “el envejecimiento también puede producir efectos negativos sobre la productividad”. En este sentido, el informe señala que el cambio demográfico tiene una fuerte influencia sobre “las decisiones de ahorro e inversión en capital humano y la generación de nuevas innovaciones en la economía”.

En otras palabras: como la mayor parte de la renta de los mayores se destina al consumo, el mayor peso de éstos en la pirámide demográfica resta espacio a la inversión. Por ello, se ahogaría tanto la acumulación de capital humano en la economía como la inversión en I+D y, por lo tanto, la facilidad para dar nuevos saltos tecnológicos.

Sin embargo, el leit motiv de la amenaza demográfica recorre muy distintos apartados a lo largo del informe, ya que también “presiona al alza al gasto público en algunos capítulos, que incluyen la sanidad y, sobre todo, las pensiones”. Esto podría hacer que el país acabase optando por más subidas de impuestos que, según el gobernador, supondrían un palo adicional en las ruedas del crecimiento económico.

Además, aunque las medidas adoptadas en los últimos años “permiten contener el efecto sobre el gasto en pensiones” del envejecimiento demográfico, es necesario profundizar en la reforma del sistema de previsión y dar nuevos pasos en cuanto a políticas activas de empleo, de forma que se libere todo el potencial del mercado laboral pese a la menguante población en edad de trabajar.

REFORMAS

Por un lado, el Banco de España advierte de que entre 2008 y 2016 la tasa de dependencia (el cociente entre la población de más de 65 años y la población en edad de trabajar) se ha elevado en unos cinco puntos, hasta alcanzar el 29% el año pasado. Y las previsiones demográficas apuntan a que este dato alcanzará el 36% en 2026 y superará el 60% en 2045, incluso a pesar de la inmigración.

Todo ello pone en tensión el sistema de pensiones, lo que implicaría pérdidas de poder adquisitivo en el largo plazo para los pensionistas para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, de acuerdo con “el mecanismo de ajuste previsto en la actual configuración del sistema”. Por eso, el Banco de España reclama “delimitar las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones”. Esto es, la relación entre la primera pensión y el último sueldo, que actualmente ronda el 80%, entre las cifras más elevadas del mundo. Además, aboga por “reforzar la contributividad”, es decir, la relación entre las contribuciones y las prestaciones y “mantener un mecanismo de ajuste automático que garantice el equilibrio financiero”.

El otro gran núcleo de reformas tendría por objetivo el mercado laboral, ya que parte de los efectos del envejecimiento demográfico pueden ser “contrarrestados mediante la reducción del desempleo estructural a través de políticas de formación”. Es decir, ante la escasez de incorporaciones a la población activa, se puede optar por mejorar las capacidades de los parados, de forma que éstos también contribuyan a la productividad. Y esto es “crucial” cuando el 40% de los parados lleva más de dos años en desempleo y están perdiendo capacidades, recuerda el supervisor.

El Banco de España critica “el escaso uso de las políticas de formación en los planes de empleo españoles —especialmente, para los parados con niveles educativos medios y altos— y el elevado desajuste observado entre la cualificación de los desempleados y la requerida por las empresas”. Esto no sólo limitará el crecimiento de la productividad, sino que podría provocar un alza de los salarios en las ocupaciones más demandadas. Todo ello “sugiere que el margen de actuación en este ámbito es amplio”, sentencia.