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La industria gallega confía en atraer nuevas empresas con la ley de fomento de inversión

31 julio, 2017
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Faro de Vigo

 

La industria gallega ve la futura Lei de implantación empresarial como una herramienta necesaria pero que llega tarde para competir con regiones como el norte de Portugal o Marruecos. Las organizaciones empresariales del sur de la comunidad, donde más se sufre la presión low-cost -por falta de suelo disponible a precios competitivos y proximidad con el país vecino-, confían en que la norma, que podría ser aprobada en octubre, permita recuperar inversiones y atraer a nuevas empresas. “Aspectos que se contemplan en esta ley van a favorecer y mucho la posible implantación de grupos empresariales, algunos de ellos de fuera de España”, reconoce Enrique Mallón, secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime). “La medida es especialmente necesaria en Pontevedra y Ourense, que son las dos provincias más afectadas por este proceso”, asegura Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

La futura ley, que permitirá aplazar los pagos del suelo industrial e incluye ayudas para aquellos municipios que rebajen hasta un 95% sus impuestos, recoge demandas que los empresarios pontevedreses llevan años realizando. “Siempre hemos destacado la necesidad de disponer de suelo industrial a precios competitivos en las zonas de más demanda, algo que no se ha ofrecido en los últimos tiempos”, explica Mallón, que lamenta que en los últimos cuatro años se han perdido proyectos importantes de sectores como el automóvil y el metal, que han recalado en Portugal por costes, ayudas e incentivos fiscales a la implantación. “Si conseguimos presentar esa oferta y además, agilizar los trámites de implantación, registro e inscripción de nuevas empresas, vamos a ganar en competitividad y nuestra tarjeta de presentación a los ojos inversores extranjeros va a ser muchísimo más atractiva”, asegura. Mallón matiza que la norma “no va a solucionar problemas de los últimos años”, pero sí va a “abrir un abanico de posibilidades de inversión para el futuro”.

Para Jorge Cebreiros, la ley es de justicia para las empresas de Pontevedra, que llevan años exigiendo a las administraciones “simplificación administrativa”. “Portugal cuenta con la ventaja que es la capacidad de las cámaras municipales de poner a disposición de las empresas infraestructuras y terrenos. Creemos que se puede ir un poco más allá en este sentido”, considera. A su juicio, aplazar cuatro años los pagos de suelo industrial es una medida que se sitúa “en la línea correcta”, a la que se deberían añadir “reducciones o bonificaciones fiscales ligadas a factores como la creación de puestos de trabajo, así como a las condiciones del mismo”.

“Tanto la Xunta como las demás instituciones y las agrupaciones empresariales debemos ofrecer el mayor número de facilidades y ventajas para la implantación”, apunta Mallón, que reconoce que Portugal “lo ha hecho extraordinariamente bien”. Cebreiros confía, no obstante, en que tarde o temprano los salarios lusos aumenten y converjan con los de Galicia. “Debemos diferenciarnos por valor”, aconseja.

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, insistió ayer en que la ley favorecerá la captación de inversiones y empleo de calidad, ya que se reducirá la tramitación de los proyectos a la mitad y dará acceso al suelo industrial con condiciones ventajosas, con la construcción de parques empresariales a medida y proyectos de urbanización parciales.